Por: Pedro Lara Castiblanco
Los barranquilleros no salimos del asombro.
Electricaribe, la empresa que tantos desastres ha ocasionado en la Región y contra la que se hacen permanentes señalamientos por la impunidad que ha rodeado los daños materiales que ha ocasionado y su presunta responsabilidad culposa en las lesiones y muertes de un buen número de habitantes de esta zona del país, por su inestable, deficiente y hasta peligroso servicio, extrañamente ha resultado beneficiada con un fallo judicial que condena a la «distraída» e irresponsable administración del Distrito de Barranquilla a pagarle más de 60.000 millones de pesos, por el incumplimiento de un convenio correspondiente a la facturación de los estratos 1 y 2 de la ciudad.
Esa increíble paradoja que comenzó a cocinarse desde el momento en que el Distrito suscribió e incumplió el hasta ahora desconocido convenio con Electricaribe, nos pone de presente una vez más las recurrentes noticias en las que Electricaribe venía amenazando con cortes del servicios de energía a colegios y hospitales, e inclusive ejecutando (en algunos casos) tales amenazas, sin que posteriormente se volviera a hablar de dichos casos y todo pasara a ser un registro más para la audiencia y los lectores.
Hoy, cuando se materializa el reclamo de la multinacional española intervenida por el Estado colombiano, aquellos casos vuelven a resurgir como una película reeditada, con un capítulo adicional, en el que el Estado local incluye en su presupuesto las partidas para el pago de dichos servicios, pero al final le da otro destino o simplemente no cumple con el mandato presupuestal, confiando en su posición dominante y en «las buenas relaciones» con el prestador del servicio.
Como es de suponer, en este caso el acreedor (irresponsable por cierto) de manera dudosamente hábil decidió cobrar y para ello exhibió el desconocido convenio y demandó, mientras la Administración Distrital estaba supuestamente «distraída», pensando tal vez que con la desaparición de Electricaribe se disolvía la deuda, pero no fue así, porque la moribunda empresa en su coletazo final le arrancó un envidiable bocado a las arcas de la ciudad.
Tras el final judicial de este episodio de incumplimiento oficial, debería quedar presente que los dineros presupuestados deben ser sagrados y que el Estado debe honrar sus compromisos y sus deudas, no solamente para no incurrir en peculado o para evitar que avivatos nos sorprendan apoderándose indebidamente de dineros públicos por la vía legal (como en este caso de Electricaribe), sino también para dar ejemplo a los ciudadanos, porque no se puede predicar la cultura del pago oportuno de los impuestos cuando se incumple con el pago de obligaciones propias del servicio y se expone al tesoro público a condenas como la que desafortunadamente nos ocupa ahora.