Misterio en los contratos de las vacunas

Por: Ricardo Garcés

Qué misterio habrá en los contratos para la adquisición de las vacunas contra el Covid-19 en Colombia, que el Consejo de Estado le ha pedido a la Fiscalía investigar, para esclarecer quién fue, cuando fue y como fue que se produjo la filtración de unos datos de esos contratos, que son de estricta confidencialidad.

El asunto es que las farmacéuticas, cuyos contratos habrían sido parcialmente revelados, expresaron su “molestia” y “preocupación” por la filtración de cláusulas confidenciales, según lo ha revelado este miércoles el gobierno.

La preocupación por este caso es de tal magnitud que el Consejo de Estado le ha pedido a la Fiscalía que investigue el asunto, al tiempo que le ha solicitado acompañamiento al Consejo Superior de la Judicatura, para realizar una auditoría con expertos en seguridad informática, con el fin de conocer la trazabilidad de la filtración y saber en qué momento y en manos de cuál o cuáles funcionarios se rompió la cadena de custodia para proteger dichos documentos.

A las farmacéuticas les preocupó que algo que estaba en el contrato, que estaba pactado, y que estaba protegido por la confidencialidad haya sido publicado, según lo dicho por el consejero presidencial Victor Muñoz en una declaración a medios nacionales.

Uno de esos datos según lo revelado y publicado por Caracol Radio, sostiene que los precios acordados para las vacunas Pfizer y AstraZeneca serían de 12 y 6 dólares respectivamente, tal como aparece en uno de los documentos publicado en inglés y traducido al español.

Mucha gente se pregunta y no comprende el por qué de tanto celo y misterio en torno a la confidencialidad de unos contratos celebrados por el Estado y pagados con dineros públicos, que provienen de los impuestos cancelados por los contribuyentes. ¿Qué misterio esconden esos contratos?

Entretanto, el común de los ciudadanos en Colombia al parecer han pasado desapercibida la noticia, en medio de la maraña de denuncias sobre corrupción alrededor de un contrato con el Ministerio de las TIC, por el que estarían en riesgo de perderse más de 70.000 millones de pesos, otro entuerto configurado en medio del sigilo de las decisiones confidenciales al más alto nivel del Gobierno colombiano.