«La ñapa»: Asesor de Centros Poblados no ha entregado el búnker de la Fiscalía en Soledad

La obra, se inició en el 2019 con un costo que supera los $7.000 millones y luego de 4 suspensiones, retrasos y reajustes la inversión se ha aumentado a más de $11.000 millones y todavía no ha sido entregada.

Uno de los testigos claves de la Fiscalía en el caso del polémico contrato del Ministerio de las TIC con centros poblados, es una auténtica joya.

Se trata de Alfredo Amín Yaber, quien fue asesor de la UT centros Poblados en la presentación de los documentos que serían cruciales en el proceso de adjudicación del controvertido contrato con MinTic, pero además es el representante del Consorcio Fiscalía Soledad que está encargado de la construcción del búnker del ente investigador en este municipio del Atlántico y ha sido quien ha postergado la entrega de esa obra en cuatro oportunidades.

Amanera de muestra de la responsabilidad con que Amín Yaver ha manejado el contrato para la construcción del búnker de la Fiscalía en Soledad, obra cuya iniciación se suscribió con la Gobernación del Atlántico el 25 de septiembre 2019 con una inversión de 7.171.403.750 millones de pesos y debió entregarse en diciembre del año 2019, pero ha tenido cuatro suspensiones y de ñapa una adición de $3.930.757.000 millones que se firmó el 30 de abril del presente año. Esto quiere decir que por obra y gracia de los aplazamientos el costo del búnker de la Fiscalía en Soledad aumentó a 11.102.160.750 millones de pesos, pero aún no se ha entregado.

De Amín Yaber se sabe también que habría formado parte del consorcio al que se le adjudicó la relímpia del caño Juan Angola en Cartagena, adjudicado en el año 2018 por la entonces alcaldesa Yolanda Wong Baldiris, por un valor de 14.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 5 meses. Esa obra no se realizó y se liquidó el contrato.

Pese a las «cartas de presentación» de Alfredo Amin Yaber y Emilio Tapia en el proceso de contratación con Centros Poblados, la Ministra Karen Abudinen, el Viceministro de las TIC y los funcionarios encargados de la contratación no se percataron de que se estuviera tramando algo turbio en dicho proceso y por eso «inocentemente» entregaron el anticipo de los 70.000 millones de pesos. En pocas palabras, juran que fueron engañados. ¿Qué tal?

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