Sergio Fajardo irá al banquillo de los acusados.
Así lo determinó la Sala de primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que lo declaró formalmente acusado, por su presunta responsabilidad en el delito que se configura al firmar contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La acusación y el proceso contra Fajardo, que se iniciará el año entrante y que podría sacarlo de la contienda electoral por la Presidencia de la República, tiene su origen en el año 2013, precisamente el 5 de diciembre de ese año, cuando, siendo Gobernador de Antioquia, Fajardo firmó un contrato de empréstito en dólares entre el Banco Corpabanca y el ente territorial, sin prever el impacto de la devaluación.
Las cuentas indican al momento del desembolso, en el 2013, el dólar tenía un valor de $1.926 y en el 2015 superaba los $3.140, hecho que no fue previsto, por cuanto no se especificó ningún tipo de cobertura de seguro cambiario que determinara cero devaluación durante la vigencia del crédito, que a corte del año 2020 ya ascendía a $320.000 millones.
La Corte Suprema ha oficiado a la Fiscalía para que presente las pruebas contra Fajardo, en cuya defensa sus asesores han esgrimido el argumento que nadie puede prever la volatilidad del dólar, desestimando que el contrato careció de salvaguardas para evitar que hubiese devaluación.
Hoy la expectativa entre los amigos del establecimiento parece ser, no tanto por la responsabilidad o no de Fajardo en el negociado que se habría configurado contra los dineros públicos en Antioquia, hecho que en el país se ha vuelto una malsana costumbre y sobre lo cual el candidato del Centro Esperanza se ha comprometido luchar, dejando de lado el lastre de esa acusación que arrastra desde el año 2016, cuando fue acusado formalmente por Adolfo León Palacio Sánchez, un funcionario de la época en la Gobernación de Antioquia.