La polémica generada por el escándalo del contrato por valor de 1.06 billones de pesos, celebrado entre el Ministerio de las TIC y la unión temporal Centros Poblados, tomó un giro inesperado en las últimas horas, al producirse una decisión judicial que suspende el proceso de caducidad y embargo iniciado el Gobierno Nacional contra dicho contrato.
La decisión fue adoptada por un juez de Puerto Colombia que inició el estudio de una acción de tutela interpuesta por la unión temporal Centros Poblados que reclama el debido proceso.
Como consecuencia de la decisión judicial las resoluciones 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, que declaraban la caducidad del contrato, quedaron congeladas junto con cualquier otra decisión que haya tomado el Ministerio al respecto.
Así mismo se suspendieron las órdenes de embargo de las cuentas de Centros Poblados, acciones que según lo informado por el Ministerio de las TIC asciende a los 140.000 millones de pesos.
Entretanto, la Dirección Especializada contra la Corrupción realizó en la tarde del martes 24 de agosto, una nueva inspección en la sede del MinTIC, en el desarrollo de la investigación que se adelanta por el contrato con la Unión temporal Centros Poblados.