El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República fue contundente al indicar: “Esperamos que los entes de control a los que le daremos traslado vayan a fondo porque el Gobierno no va a permitir la corrupción, venga de donde venga”.
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le puso la lupa a los contratos que firmó la exministra del deporte, María Isabel Urrutia, y estableció algunos hallazgos que presentan inconsistencias y que tendrían incidencia penal.
El funcionario reveló que de los 206 contratos publicados hasta el momento, al menos 106 que están por prestación de servicios desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo, tienen objetos contractuales iguales, es decir, están duplicados.
Dijo que esto demuestra que hubo un afán para hacer que las personas que estaban vinculadas desde enero a abril tuvieran un contrato hasta diciembre de 2023. Eso, subrayó, “es un error que puede tener incidencia penal, porque pareciera que no contaron bien los meses del año y se pretendió hacer contratos para las mismas personas, por los mismos objetos; dos contratos distintos pero por 14 meses en la práctica”.
El valor de los contratos
Según indicó el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, entre el 1 de enero hasta el 6 de marzo de 2023, se firmaron contratos por un valor de más de 21 mil millones de pesos, de los cuales en la última semana los que se firmaron tienen un valor superior a los 16 mil millones de pesos. Además, señaló, en el mismo periodo fueron 206 contratos publicados en el SECOP, notándose que 25 de éstos abarcaron la proporción de más 16 mil millones de pesos.
El funcionario señaló que los contratos se firmaron a medianoche y que “el Ministerio de Deporte desperdició dos meses de presupuesto duplicando los objetos contractuales sobre la misma cantidad de contratistas”.
Asimismo, explicó que el problema radica en que no se pueden celebrar contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con un objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, a menos de que exista una autorización de la máxima cabeza del ente contratante: “eso podría tener a la luz de la norma un posible interés ilícito en la celebración de contratos y también podría originar una responsabilidad penal para quien ordenó el gasto y para todos los que participaron en la celebración del contrato”.
Finalmente, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República dijo que espera que el próximo lunes 13 de marzo se concluyan todos los hallazgos para hacer entrega a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para su respectiva verificación.