El proceso correspondiente al accidente de tránsito ocasionado por Enrique Vives Caballero, que le costó la vida a 6 personas y graves lesiones a un menor de edad, en el corregimiento de Gaira, Jurisdicción del Distrito de Santa Marta, se está empantanando al parecer por acción de la Fiscalía.
El pronunciamiento lo hizo la Procuraduría provincial al indicar que la Fiscalía General de la Nación no ha resuelto la solicitud que hizo el Ministerio Público desde Santa Marta para que se traslade el caso de Enrique Vives Caballero a la ciudad de Bogotá, con el propósito de darle celeridad y evitar dilaciones en el proceso.
Los abogados de las víctimas, a su vez han denunciado que han transcurrido dos semanas y el ente acusador se ha mantenido en silencio, por lo que insisten en que se necesita que dicho proceso avance porque los familiares de las siete víctimas esperan respuestas.
Expectativas de dinero
Otro hecho que ha generado reclamaciones para que se acelere el proceso, tiene que ver con las expectativas económicas que han surgido alrededor de este caso.
Por un lado, la aseguradora Bolívar, en la que la que el presunto responsable del accidente, Enrique Vives, adquirió una póliza de seguro, dijo mediante uno de sus voceros que en un mes se pronunciará sobre los $4 mil millones ofrecidos por el empresario para indemnizar a las familias de los fallecidos.
A su vez, un hombre, identificado como Arturo Creus Maestre, quien habría aportado información valiosa de los hechos para la investigación relacionada con el accidente, está exigiéndole al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, el pago de una recompensa de 25 millones de pesos que anunció en conferencia de prensa, para la persona que entregara detalles del siniestro donde murieron los jóvenes de Gaira.
A través de un escrito, la abogada apoderada de Arturo Creus Maestre, señala que este se reunió con el Gobernador, la Alcaldesa y el Secretario del Interior del departamento, para entregarles detalles del siniestro y «en esa reunión se acordó que la recompensa de la suma de 25 millones de pesos sería repartida proporcionalmente de acuerdo al número de testigos que se presentaran y a la valoración de los aportes que sus versiones dieran al proceso».
En virtud de lo anterior, Creus Maestre consideró que con la posición del Secretario de Gobierno del Magdalena, José Humberto Torres, «estaba evadiendo el pago de la recompensa ofrecida».
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