En el Atlántico destinan recursos de salud a cuestionadas empresas con corruptos historicos

$135.159,8 millones de pesos es el valor del contrato que le fue adjudicado al consorcio Salud Milenio, el cual integran las firmas: Gallardo & Asociados S.A., Terrapin SAS, Convias SAS y Mavig S.A.

Tal cual el titular, ni más ni menos fue lo que hizo la Gobernación del Atlántico, al adjudicar la licitación pública en la modalidad de crédito proveedor 202002883, del 21 de octubre del 2020 y que suscribió el secretario general Raúl Lacouture con el Consorcio Salud Milenio.

Tiene por objeto «el diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las instituciones hospitalarias y puestos de salud del departamento del Atlántico», por la no despreciable suma de $135.159,8 millones de pesos y le fue adjudicado al mencionado consorcio, el cual integran las firmas: Gallardo & Asociados S.A., Terrapin SAS, Convias SAS y Mavig S.A., y tiene un plazo de ejecución de 38 meses (es decir más de 3 años).

La Gobernación de Elsa Noguera pretende intervenir los puestos de salud con el programa ‘Salud para la Gente’, que contempla la intervención y dotación de 16 hospitales y 45 puestos y centros de salud, de donde 23 serán nuevos y 22 recibirán mantenimiento.

Desde el año pasado que arrancó el contrato ya han sido varios los puestos de salud que la Gobernación ha inaugurado y entregado.

Hasta ahí pareciera que todo va bien, pero con los antecedentes de las firmas contratadas, imposible cantar victoria y confiar en que más adelante, el proyecto no termine como el que se desarrolló en Cartagena en el 2014, que cosa llamativa, hasta el nombre que llevaba es muy similar, y que terminó con condenas de tipo fiscal y disciplinario, a funcionarios del Distrito de Cartagena, contratistas e interventores, recordando que uno de los integrantes del consorcio de Barranquilla, hizo parte del consorcio en Cartagena.

Nada de sorpresas, pues en los corrillos de la capital de Bolívar era vox populi la cercanía con los Char integrantes del consorcio.

Reparos desde el proceso de contratación

Las razones para alertar sobre este multi millonario contrato las dieron desde la convocatoria de la licitación la Veeduría Veecorponacional que al revisar la propuesta del consorcio Salud Milenio (la ganadora), comprobaron que uno de los integrantes del consorcio, Gallardo & Asociados S.A. había presentado el dictamen del revisor fiscal y certificación de sus estados financieros.

Pero, los otros 3 integrantes: Terrapin SAS, Convias SAS y Mavig S.A., no habían presentado los informes de revisaría fiscal ni los mencionados certificados.

La situación fue luego corregida, pero, deja mucho que decir de unas firmas, que figuran con varios contratos con entidades territoriales, pasen por alto esta obligatoriedad.

Otro de los participantes en la licitación advirtió que el Consorcio Salud Milenio omitió su deber legal de reportar los saldos de contratos en ejecución de las sociedades integrantes como son Convias SAS y Terrapin SAS.

Los contratos omitidos fueron:

*Contrato en ejecución con el Distrito de Cartagena y el consorcio Salud Heroica, del cual hace parte Convias SAS

*Contrato con Fiduciaria Bogotá y la Unión Temporal Vivienda que hace parte Convias

*Contrato con la Gobernación del Atlántico y la Unión Temporal Vias del Atlántico del cual hace parte Convias SASContrato con Fiducuaria Bogotá y Terrapin SAS

«El artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 señala que la capacidad residual de contratación cuando se realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer la capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución.

Es claro entonces que para la determinación de la capacidad residual, del proponente se deben tener en cuenta los contratos en ejecución, es decir, la norma impone la obligación de relacionar todos los contratos del proponente o integrante del proponente, a efectos de establecer la verdadera capacidad para adquirir nuevos compromisos contractuales, acotando que la norma no estableció ningún tipo de excepción que lleve a los interesados puedan omitir dicha información», advirtieron en su momento.

Los antecedentes

Pese a estas advertencias y otras, la Gobernación del Atlántico finalmente adjudicó las obras al Consorcio Salud Milenio, cuyos integrantes tienen en su haber investigaciones por parte de organismos de control y el representante legal de una de las firmas está mencionado en los Panama Papers.

En cuanto a los integrantes del Consorcio, toca traer a colación lo ocurrido en el 2015.

En enero de ese año, el Departamento Administrativo Distrital de Salud –DADIS– de Cartagena, siendo su gerente, Martha Cristina Rodríguez de Gaviria, suscribió el contrato 001 de 2014 por $30 mil millones de pesos con el Consorcio Salud Heroica, que integraban las firmas: J.A.S.G. & CIA LTDA., Construcciones e Inversiones Kamana y Convias SAS.

El objeto era: «Realizar la revisión y ajuste de los diseños prototipo de los estudios de ingeniería, construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación y dotación de las instituciones de salud del distrito de Cartagena»..

Palabras más, palabras menos, el mismo objeto del contrato que adelanta la Gobernación del Atlántico.Pero además de esta “coincidencia”, resulta que la entonces directora del Dadis, Martha Rodríguez terminó cinco años después dirigiendo la IPS Mi Red, que maneja la red pública de salud de la capital del Atlántico.

En ese cargo duró hasta noviembre del año pasado, luego de que la Procuraduría General de la Nación la destituyera e inhabilitara por 15 años para ejercer cargos públicos.¿La razón? pues las irregularidades e incumplimientos que se presentaron en el mencionado contrato en la red de salud de Cartagena.

Por los mismos hechos, el organismo de vigilancia también sancionó con suspensión de ocho meses al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo (2013 – 2015).

Hace un año, el Ministerio Público estableció que la administración distrital a pesar de destinar $100.000 millones para invertir en la intervención de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con el propósito de beneficiar a más de 470.000 mil personas, no ejecutó las obras programadas, las cuales se encuentran en estado de abandono.

El Ministerio Público señaló que se vulneraron los principios de responsabilidad, economía y planeación que regulan la contratación estatal, así como los de eficiencia y eficacia de la función administrativa.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta Vélez Trujillo como una falta grave culposa, mientras que Rodríguez de Gaviria fue sancionada por tres cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas, dos cometidas a título de culpa grave y la restante con culpa gravísima.

A su vez, la Contraloría General de la República, abrió juicio de responsabilidad fiscal, tanto a Rodríguez, como al Consorcio Salud Heróica, es decir a las firmas J.A.S.G. & CIA LTDA., Construcciones e Inversiones Kamana y Convias SAS, al encontrarlos responsables de un detrimento patrimonial de $12.582.599.701.

Según las investigaciones de los órganos de control, en Cartagena se debían edificar 39 puestos de salud. Pero como esos contratos se firmaron con diseños prototipo, es decir, sin las especificaciones técnicas por obra, cuando los privados comenzaron a trabajar tuvieron que hacer tantos cambios que los recursos no les alcanzaron y el gobierno de Vélez anunció que sólo se construirían 25 obras.

Pasados más de cinco años, solo funcionan ocho y fueron entregadas, entre 2016 y 2019, por las distintas administraciones que reemplazaron a Vélez.

No deja entonces de llamar la atención que la Gobernación del Atlántico termine contratando con una firma (Convias) que ha demostrado su poca transparencia e idoneidad en el manejo de los recursos públicos, y en una cuantía seis veces mayor; al igual resulta igual llamativo el objeto del contrato, similar a lo que supuestamente se iba a hacer en el Distrito de Cartagena.

Pero si Convias tiene su historial, otro de los socios, Terrapin SAS, también tiene lo suyo.

Resulta que su representante legal es Daniel Eduardo Vives de Andreis y su suplente es Manuel Guillermo Vives González; ambos están mencionados como clientes de la firma Mosak Fonseca en la investigación periodística de los Panama Papers, que develó hace tres años la red corrupta que mueven empresarios para lavar dinero o evadir impuestos en sus países de origen.

Pero además Terrapin SAS también fue contratado por Gobernación del Atlántico en el 2020 por $2.525 millones para la ‘adecuación de las instalaciones de hospitales en el departamento del atlántico para atender el Covid_19’.

Y tambien hizo parte de la Unión Temporal Insa encargada de realizar los diseños, adecuación y construcción de la infraestructura física de los hospitales de Malambo, Manatí, Campo de la Cruz y Candelaria, luego de que la Gobernación de Eduardo Verano en el 2016 le adjudicara el contrato por $32.041.829.895.

En aquel entonces la unión temporal estuvo representada por Vives De Andreis y además de Terrapin, estaban las firmas Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A., y (¡oh sopresa!) Mavig SA.

Con este panorama, parece que a los ordenadores del gasto poco les importa en manos de quién dejan los recursos de la salud.

Además porque no deja de llamar la atención que mientras la Gobernación del Atlántico destina casi $140 mil millones de pesos, para “mejorar” una red pública primaria y secundaria, no haya tenido reparo en desmantelar los únicos dos hospitales de tercer nivel y cuarto nivel con que contaba la red pública del departamento, como son el Cari de Alta Complejidad y el Niño Jesús.

Sin estas dos instituciones de salud, la única red que atenderá patologías complejas será la privada, es decir que todos los recursos que el Gobierno nacional destina para cubrir esta demanda, se irá a engrosar las chequeras de dueños de clínicas.