Organizaciones sociales le han solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos en Barranquilla que intervenga ante los abusos de Electricaribe, materializados en cobros excesivos y graves deficiencias en el servicio.
Las denuncias de habitantes del suroeste de la ciudad indican que las alzas en las facturaciones llegaron al 100%, registrándose algunos casos en los que facturas que históricamente pagaban una escandalosa suma que oscilaba entre 90.000 y 120.000 pesos en estrato 2 en esta oportunidad están llegando a los 250.000 pesos.
Los denunciantes, en su mayoría vendedores informales dijeron para HABLA BARRANQUILLA que carecen de recursos para el pago de esas facturas, situación que se agrava por el aislamiento obligatorio que les impide trabajar a un 100% como lo hacían habitualmente antes de la pandemia.
RACIONAMIENTOS Y PROTESTAS
Al problema de la alta facturación se suman las dificultades para acceder a las oficinas de atención al cliente para presentar el reclamo porque tales acciones se han canalizado por el sistema virtual y muchos de los reclamantes carecen del servicio de internet y no tienen computador para efectuar la operación.
A lo anterior se suman las permanentes deficiencias en el servicio, afectado por largos períodos de suspensión, demoras en la reparación de los daños y permanentes subidas y bajadas de voltaje que ocasionan daños en los electrodomésticos básicos con que cuentan las familias de los sectores vulnerables de oka ciudad.
Como consecuencia de todo lo anterior se han producido protestas en las últimas 24 horas, una de ellas en el barrio El Edén, al sur de la ciudad, donde habitantes del sector levantaron barricadas y quemaron llantas, debido a la falta del servicio durante más de 24 horas.
En ese sector, ante la angustia ocasionada por el asfixiante calor y la pérdida de alimentos perecederos debido a la falta de refrigeración, se produjo un enfrentamiento con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía
Ante todas estas circunstancias, indicaron voceros de la Junta Comunal de los Barrios La Manga y Las Malvinas, se ha decidido pedirle a la Superintendencia de Servcios Públicos que intervenga, en busca de soluciones efectivas.