El saqueo se traslada ahora al aeropuerto

El caso del aeropuerto Ernesto Cortissoz, por el incumplimiento y el apetito descarado de los contratistas concesionarios es bochornoso.

Tan bochornoso o tal vez más bochornoso que lo ocurrido con el escandaloso contrato del Ministerio de las TIC con Centros Poblados, por cuya cuenta -todos lo sabemos de sobra- están embolatados 70.000 millones de pesos.

En este caso del aeropuerto, los contratistas pretenden que los indemnicen con más de 700.000 millones de pesos, mientras le dejan a la ciudad un aeropuerto en peores condiciones que en la que lo encontraron, cuando les adjudicaron la concesión para explotarlo comercialmente hasta el año 2035, es decir, durante 20 años desde que se los entregaron en marzo del año 2015, con el compromiso de invertir $610.153 millones, según afirman ellos mismos cuando dicen que «ese era el presupuesto estimado para la totalidad de las intervenciones y la operación del aeropuerto Cortissoz, desde su adjudicación en marzo de 2015 hasta su finalización en junio de 2035».

Ahora afirman orondamente los señores del Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC) que el contrato de concesión “no comprende la construcción de una nueva infraestructura en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, sino que su alcance se limita a la modernización de la infraestructura existente”. Pero ni lo uno ni lo otro, porque lo que se ve hasta el momento muestra un aeropuerto muy desmejorado, que se llueve internamente, que deja a los pasajeros en el pasado, abordando y descendiendo de los aviones mediante viejas, endebles e inseguras escaleras.

Reclaman ellos además que, a pesar de que el contrato se estructuró bajo un formato de alianza público privada, “el proyecto no recibe ingresos provenientes de entidades públicas ni vigencias futuras para efectos de la obra”.

Dicen que «los recursos necesarios para la ejecución de las intervenciones son de naturaleza privada y se componen de dos elementos: la inversión realizada por los accionistas del concesionario y los recursos de deuda (préstamo bancario)», pero por ninguna parte el Grupo Aeroportuario del Caribe se refiere a los ingresos percibidos por la operación del aeropuerto durante los seis años que van de la concesión, dineros que tienen carácter público por cuanto provienen de pagos que deberían ir a las arcas del Estado, que es ni más ni menos que el propietario del Aeropuerto que se lo entregó en concesión para que como contraprestación hiciera la modernización requerida.

Como quien dice; el Estado le arrendó el aeropuerto al GAC y el equivalente al canon de arrendamiento es la inversión de los concesionarios en la modernización del aeropuerto, la que no se ha visto hasta el momento, pese a que ellos dicen que “A la fecha el monto total invertido en obras es de $349.518 millones”.

Con esta argumentación, el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC) convocó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a un Tribunal de Arbitramento el pasado 23 de febrero “con el fin de buscar una solución a la situación de fuerza mayor que ha afectado la operación del proyecto”.

Argumenta el GAC que su afectación se debe a “las medidas de suspensión y la reducción del tráfico aéreo que trajo consigo la propagación mundial del COVID-19, lo cual ha generado que las operaciones del Aeropuerto se vean gravemente afectadas”.

Según la ANI, con esta demanda el GAC busca que la Nación lo indemnice con 765.000 millones de pesos, pero aclara que “el valor de la reclamación presentada para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por perjuicios ocasionados por el COVID-19, percibido durante el periodo marzo 2020 y 31 de diciembre de 2022, no corresponde a las cifras presentadas recientemente”.

Al mismo tiempo el GAC plantea que de no ser indemnizados, solicitan la implementación de la fórmula contemplada en el contrato de concesión para la terminación anticipada, que implica que les devuelvan los recursos invertidos.