Por Pedro Lara Castiblanco
Los organismos de seguridad y de control del orden público en Colombia, atraviesan por una de sus mas agudas crisis de credibilidad, a tal punto que cada día se hace más creciente la desconfianza y el rechazo contra esas instituciones por parte de la ciudadanía.
Acontecimientos repudiables como los de los denominados «falsos positivos» que por estos días se han hecho más evidentes, el reciente asesinato del Presidente de Haití, al cual han sido vinculados unos 20 ex militares colombianos (tres de ellos muertos en enfrentamiento a bala con la Policía de ese país), sumados a la descarada maniobra por parte de miembros de la Policía en Medellín, para apuntarse como positiva una falsa captura y cobrar una millonaria recompensa, son algunos casos de un largo prontuario que hace suponer que efectivamente algo anda mal y huele muy mal en las entrañas de los organismos encargados de velar por la vida, honra y bienes de los colombianos.
Esa sucesión de golpes deben servir como las más fuertes campanadas de alerta, para reaccionar en procura de levantar la moral, imponer el orden y limpiar la imagen en las filas de las fuerzas militares y de policía en Colombia, más no para hacer leña de dichas instituciones y mucho menos como excusa para emprender la más ciega y rabiosa persecución contra los críticos que, con sobradas razones, pedimos un cambio de actitud en el actuar de esos organismos armados del Estado, lo que en ultimas equivale a reclamar la seguridad que pagamos como contribuyentes y el respeto que merecemos como ciudadanos.
Es por ello que consideramos que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no debe ser tratado de la manera desobligada, peyorativa y grosera, con que se han pronunciado los más altos miembros del gobierno colombiano, comenzando por el Presidente Duque y su Vicepresidenta en funciones de Canciller, lo mismo que el Ministro de Defensa y diferentes voceros autorizados o no de los partidos alineados al Gobierno.
Estimamos que en medio de esta cruda tempestad de sucesos negativos en nuestros organismos de seguridad, el Estado está en la obligación de dar una respuesta satisfactoria y tranquilizante, no solamente a los colombianos sino también a la comunidad internacional que mira expectante los hechos y empieza a hacer comparaciones que generan daños colaterales en otros aspectos de la salud institucional del país.
Recibir con vergüenza y decoro los señalamientos y las críticas ante las fallas y los horrores evidentes, con el ánimo de corregir y mejorar, debe ser la actitud erguida y firme del Gobierno, más no la pusilánime excusa y mucho menos la insidiosa respuesta que lejos de convencer acrecienta más las dudas y la culpa.
Los colombianos esperamos una respuesta acorde a los hechos, sin sesgos ni con las consabidas trampas, cuyo propósito es el hacernos creer que aquí no está pasando nada y que la culpa está en otra parte, cuando es un secreto a gritos que el mal está aquí y ahora.