El Gobierno Nacional admitió por intermedio de La ministra del Interior, Alicia Arango, que tan solo el 16% de las solicitudes de protección presentadas por líderes sociales a la Unidad Nacional de Protección (UNP) son otorgadas, lo que significa que el 84% están desprotegidos.
«Entre el primero de enero y el 16 de agosto de este año se presentaron 6.765 solicitudes de protección por parte de líderes sociales y solo 1.093 fueron admitidas para iniciar la ruta de protección», señaló la Ministra del Interior.
La Ministra Arango afirmó que la Unidad Nacional está sin presupuesto para atender las solicitudes de seguridad de los líderes sociales y espera que para el próximo año la UNP tenga mayores recursos.
La jefa de la cartera política informó además que se asignarán 19 jueces especializados únicamente para atender los casos de homicidios a líderes sociales.
De otra parte, los citantes al debate señalaron que durante el Gobierno de Iván Duque, en lo corrido del 2020, en Colombia se reportan aproximadamente entre uno a seis homicidios de líderes y defensores de derechos humanos por semana, en su mayoría perpetuados a jóvenes, indígenas, comunales, comunitarios, campesinos y líderes de las Juntas de Acción Comunal.
«En dos años el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes que permitan prevenir, proteger, investigar, sancionar y judicializar los homicidios a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por el contrario, existe una impunidad del 95% de los casos que son investigados», indicó la representante María José Pizarro.
La representante Katherine Miranda afirmó que el presupuesto asignado para la protección de líderes sociales en el Ministerio del Interior, no ha sido ejecutado.