Un insólito caso que merece ser investigado, de oficio, por parte de los organismos encargados del control disciplinario de los servidores del Estado, ha sido denunciado este fin de semana por habitantes de los barrios Boyacá, La Unión y San José, ubicados al sureste de Barranquilla.
El caso tiene que ver con el acompañamiento de miembros de las fuerzas militares y de Policía (VER VIDEO) para hacer cumplir una decisión de la empresa Air-E, que «se ha propuesto instalar, a como de lugar, unos equipos denominados inteligentes», según denunciaron voceros de esas comunidades.
Los denunciantes señalan que están siendo sometidos a un hostigamiento por parte de la empresa Air-E, la que contando con el apoyo de unidades del ejército y la policía y sin que medie concertación ni decisión de organismo judicial o administrativo alguno, han decidido cambiar los medidores actualmente en servicio, por unos equipos denominados «inteligentes», cuyo costo obligatoriamente corre a cargo de los usuarios.
Según los denunciantes, para la empresa Air-E, cuyo servicio sigue siendo tan deficiente como el de su antecesora, Electricaribe, no han tenido ningún valor los reclamos de los usuarios y por el contrario insisten en instalar los nuevos medidores sin dar mayores explicaciones y desconociendo el hecho evidente de que los actuales contadores funcionan normalmente.
Otro de los hechos arbitrarios de Air-E que reclaman las comunidades tiene que ver con el costo del aparato, el que correrá por cuenta del usuario a quien no le entregan el medidor que ya pagó, tal como ha ocurrido en el pasado, y el usuario resulta financiando la herramienta de medición cuyo costo debe sufragar el que comercializa o vende la energía, como es la empresa Air-E.
Los habitantes de los barrios Boyacá, La Unión y San José, se han declarado en Asamblea permanente y han anunciado que pese a las amenazas y las presiones no permitirán la instalación de los mencionados «medidores inteligentes».
También han anunciado denuncias ante los organismos competentes de la decisión ridícula e inconstitucional de los miembros del ejército y la policía que desconociendo el ámbito de sus funciones, se han extralimitado cumpliendo funciones tratando de intimidar a la población que, por el contrario, deben proteger.