Militares colombianos retirados, que hablan inglés y poseen entrenamiento en armas sofisticadas, inteligencia y operaciones internacionales. Que fueron parte de unidades contraguerrilleras, muchas de ellas financiadas por Estados Unidos.
Ese es, en términos generales, el perfil de los 26 colombianos —15 detenidos, tres abatidos y ocho prófugos— que, según las autoridades haitianas, están implicados en el asesinato del presidente de ese país Jovenel Moïse.
El mandatario fue asesinado en su residencia en la madrugada del miércoles. Sufrió 12 tiros, uno de ellos en la cabeza. Supuestamente lo torturaron. Llevaba meses encerrado en su casa en medio de una crisis política que fue menguando cada vez más su legitimidad y haciendo que aumentaran las voces que pedían su renuncia.
Hasta ahora se desconoce quién pagó a los mercenarios colombianos para que mataran al mandatario.
Pero antes de que hubiese pasado un día desde que se supo el carácter internacional del magnicidio, ya empezaron a conocerse los detalles de los exmilitares que lo llevaron a cabo.
Detalles que ilustran una faceta clave de la guerra en Colombia: una industria de mercenarios que, salidos de los esquemas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo financiados por Estados Unidos, se han involucrado en distintos conflictos internacionales debido a su gran habilidad militar y su disposición de cobrar salarios bajos.
¿Quiénes fueron?
En la mañana del viernes, los medios colombianos fueron publicando a cuentagotas los nombres, las trayectorias y las fotos de los militares retirados involucrados en el magnicidio.
La mayoría de ellos rondan los 40 años, ejercieron de soldados y, como parte de una práctica usual en el ejército al no poder ascender, se retiraron jóvenes, hace menos de dos o tres años.
La esposa de Eladio Uribe, al parecer detenido en Haití, le dijo a la W Radio que el exmilitar fue soldado profesional durante 20 años, se retiró en 2019 y recibió varios reconocimientos castrenses.
Según ella, Uribe estuvo investigado por el caso de los falsos positivos, un esquema de cuotas que pasaba bajas civiles como bajas guerrilleras en combate, pero «fue absuelto».
Y estaba, de acuerdo con el relato de su esposa, en República Dominicana contratado por una supuesta empresa de seguridad que le pagaría US$3.000 al mes.
«A ellos no les dijeron para dónde se los iban a llevar exactamente (…) era una oportunidad laboral con una agencia para cuidar familias de jeques», aseguró.
Los medios colombianos también hicieron hincapié en el caso de Manuel Antonio Grosso, un paracaidista y miembro de las fuerzas especiales antiguerrilla que publicó fotos en redes sociales hace una semana desde República Dominicana.
Al parecer cruzó la frontera a Haití el día antes del asesinato de Moïse.
BBC Mundo