Air-e y sus abusos tarifarios

Por: Joaquín Baena Arévalo

La entrada en operación de la empresa Air-e, en lugar de solucionar problemas lo que ha generado es mayor zozobra y repudio, entre otros por las  altas tarifas que hacen parte de la política neoliberal-corrupta que entrega  los servicios fundamentales como la salud, la educación y los servicios públicos al privado devorador, pero no los entrega de cualquier manera, lo hace en condiciones leoninas, desventajosas y con la mirada impune de los organismos de control y organismos de vigilancia; claro, ellos muchas veces hacen parte de la negociación y obediente a las órdenes del Presidente de la Republica.

Quiero dejar claro que la actual crisis económica, de pandemia que vive el país no permite pagar las exageradas tarifas de servicios eléctricos; no es que la gente sea tramposa, que no tenga cultura de pago, por supuesto habrá algunos casos, pero lo cierto es que el valor de las tarifas son impagables para un trabajador normal, a menos que la persona ande traqueteando o en algún negocio ilícito, pero con los salarios que se devengan en nuestro medio  es imposible pagar estos abusos, y  qué decir de los usuarios de los estratos 4,5,6 y el sector empresarial, que además de cancelar las tarifas plenas y un rubro de solidaridad, también se le obliga a pagar el valor de los kW que se pierden en el proceso de distribución de la energía eléctrica.   

Un usuario en su hogar necesita mínimo dos aires acondicionados, el de la pareja y su hijo; partiendo de la suposición que tenga un solo hijo. Ese consumo en un estrato 4 factura cerca de $1.000.000 (un millón de pesos) a $ l’500.000 (millón y medio de pesos) en promedio; para una pareja que sumados los ingresos salariales de ambos, con los descuentos de ley pueden estar recibiendo neto un promedio de $1.600.000 (millón seiscientos mil pesos). Con esta facturación eléctrica se lleva aproximadamente el 70% de sus ingresos, y estamos hablando de un sólo servicio público y con vinculación laboral de ambos, que no es lo usual; luego entonces, materialmente es imposible para esta pareja pagar su servicio eléctrico o tendrían que dejar de alimentarse. Son tarifas realmente impagables y el Estado tendrá que asumir su responsabilidad por sus desaciertos en lo que a esto respecta.

Una insólita situación, según lo ha denunciado el periodista Jorge Mariano, se presentó en el barrio José Antonio Galán, donde a la señora María Teresa de la Hoz, afectada por el cambio de medidores de manera arbitraria, le llegó en estrato 2 (dos) su recibo por $15,249.000.00 (quince millones doscientos cuarenta y nueve mil pesos); esto es escandalizante y nuestros representantes calladitos. Hay que advertir que la infraestructura de medición AMI no está vigente en el país aún y su aplicación requiere de dos fases: La primera fase es de 18 meses, según la resolución 219 de 2020 de la CREG pero además los usuarios tienen derecho que se les notifique el cambio de medidor con tres meses de anticipación y la misma norma establece que sólo se deben remplazar los medidores de usuarios regulados con consumo promedios iguales o superiores a 1.000 kW, caso que no es común en usuarios residenciales por lo cual no haría parte de este plan pero que en forma atrabiliaria fue aplicado masivamente en el barrio José Antonio Galán.

Estos hechos no sólo afectan al usuario normal, afectan al comerciante, al empresario, afectan la producción. La negociación de Electricaribe hace parte de los grandes entuertos que vienen perjudicando esta región del país, donde no sólo estamos ante los impuestos prediales más altos, sino también ante el asalto al erario, están comprometidas las vigencias futuras en la cosmética de la ciudad, como dice el Dr. Miguel Ángel del Río, peajes por todos lados, y contratos dudosos como el de la arborización por un billón de pesos, las TIC y otros brebajes. Definitivamente este negociado de Electricaribe merece una investigación porque se está asaltando los recursos públicos y deteriorando el patrimonio de la ciudad.

En un país distinto a Colombia ya estuviese la Contraloría y la Procuraduría encima, y por lo menos habría 3 peces gordos presos; porque no se puede permitir ni se debe quedar sin un castigo ejemplar, que el Estado haya invertido 7 billones de pesos en una empresa como Electricaribe, para venderla por 285.000 millones y que después, además, la CREG diga, como si nada, que los activos de AIR-E (Atlántico, Magdalena y Guajira) valen 2.44 billones de pesos, hechos que confirman el desgreño con que los Gobernantes y Administradores del Estado tratan las finanzas públicas .

Norman Alarcón, veterano luchador de causas populares y coordinador de la liga nacional de usuarios de servicios públicos, estima que el aumento de energía alcanza un 53%, el kilovatio, pasó de 497.90 pesos en octubre de 2020 a 761.76 pesos en agosto de 2021 y el cobro por concepto de pérdidas eléctricas pasó de 42 pesos a 247 pesos. Es necesario que la ciudadanía se pronuncie en las redes, en la protesta pacífica, y ese sea un escenario para denunciar a nuestra clase política que acolitó y participó de estos abusos, las coimas y las mermeladas y que hicieron parte de este festín. Además para exigir que se condonen la deudas por consumo de energía, que ahora arbitrariamente quiere cobrar AIR-E. ¿Si el Estado le regaló a los privados 7 billones de pesos de las arcas públicas, porque a los usuarios no se nos pueden condonar estas deudas?

Ante el compromiso histórico que se nos avecina  no solo debemos  cambiar de Presidente de la República, sino ganar una bancada mayoritaria de congresistas, que legislen modificando la Ley 142/94, definiendo tarifas de servicios públicos de acuerdo a la región donde se consuman, y  avanzar hacia un tránsito de energías fósiles hacia las energías limpias como el agua , el sol y el viento , superar la economía extractiva de petróleo, carbón, gas y coca  hacia una economía que nos garantice además de la vida, el equilibrio ecológico.

El aspirante a la Presidencia de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, lo viene sosteniendo y comparto el criterio de que las energías limpias,  por su naturaleza, son más económicas, mejoran la situación de usuarios, comerciantes y empresarios y permiten un mejor desarrollo agroindustrial. Las energías limpias son el camino, pero mientras ese tránsito se da tenemos que dar el combate pacifico en las redes, en la movilización y en las urnas, durante los debates para elegir congresistas y Presidente de la República, votando contra estos atropellos y abusos de autoridad.