El Colegio Colombiano de Juristas que preside Carmen Luz Peña Consuegra y el Colegio de Penalistas, liedardo por Francisco Bernate, son gestores del más reciente intento legislativo para crear la Colegiatura de Abogados Colombianos Democrática (CA) han recibido el apoyo de parlamentarios de varias vertientes políticas en el país.
La iniciativa para crear la CA, es un proyecto de ley busca el reconocimiento del ejercicio de los profesionales del derecho, en colaboración armónica con la rama judicial, para el funcionamiento y acceso de la administración de justicia con funciones públicas.
El proyecto ha recibido el apoyo de 11 parlamentarios, que con su firma impulsan este importante esfuerzo jurídico. Entre los Senadores firmantes se cuentan, Germán Varón, Mauricio Gómez, José Obdulio Gaviria, Laureano Acuña, además de los Representantes Alfredo Ape Cuello, Buenaventura León, Sara Piedrahíta, Jaime Felipe Lozada, Nicolás Echeverry, Ciro Rodríguez y Armando Zabaraín.
De ser aprobada, la Colegiatura Colombiana de Abogados (CA) defenderá los derechos e intereses de los profesionales del derecho, supervisará y controlará a quienes estén en ejercicio de la profesión y aplicará el régimen disciplinario.
Entre las funciones públicas principales de la propuesta se destacan: La organización del Registro Nacional de Abogados, la expedición de la Tarjeta Profesional y de licencias temporales, y a través de la Comisión Nacional y Seccional de Disciplina de la abogacía sancionará conductas irregulares en el ejercicio de la profesión.
Esta organización sería órgano consultor del Gobierno nacional y asesor de entidades estatales en todos los niveles; entraría a regular tarifas de honorarios de los abogados y prevendría y sancionaría el ejercicio ilegal de la profesión de abogado (intrusismo profesional).
Desde los años 90 ha habido cuatro intentos fallidos por establecer La Colegiatura Nacional de Abogados obligatoria a través del órgano legislador. En su última objeción, la Corte Constitucional argumentó el principio constitucional del libre derecho de asociación, razón por la cual el presente proyecto se aborda desde la óptica de que la colegiatura profesional NO será de creación del parlamento, ni su carácter será obligatorio sino democrático con estructura interna que preserve la libre asociación.
Se hace énfasis en que LA COLEGIATURA será, y es, iniciativa privada de los colegios de abogados y demás profesionales de la abogacía no colegiados, quienes justamente promueven dicha unión.
Colombia presenta un rezago en lo que tiene que ver con la colegiatura, una tendencia incuestionable en los países democráticos del primer mundo, e inclusive en América Latina, tal como lo demuestran el desarrollo que en esa materia hoy muestran España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Finlandia, Islandia, Grecia, Irlanda, Gran Bretaña, en Europa; Estados Unidos y Canadá en América del Norte; y Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay, en América Latina.
El gremio de juristas espera que en esta ocasión los legisladores en pleno y la Corte Constitucional aprueben y respeten el derecho de los abogados colombianos a asociarse en una COLEGIATURA NACIONAL DEMOCRÁTICA.