Veintidós personas han sido asesinadas en menos de un mes en el país, en el desarrollo de 5 masacres ocurridas en los Departamentos de Córdoba, Valle del Cauca y Nariño, cometidas por grupos armados que hasta el momento no han sido identificados por las autoridades.
La racha de asesinatos colectivos comenzó en San José de Uré, una población ubicada en el sur del Departamento de Córdoba, donde el pasado 29 de julio fueron asesinadas 6 personas en dos masacres que han causado consternación, lo mismo que el desplazamiento de al menos 270 personas que han sido amenazadas y temen por sus vidas.
Tras estos 6 asesinatos otro grupo armado masacró el 11 de agosto en la ciudad de Cali a cinco menores de edad que habían salido de sus casas en las horas de la mañana a volar cometas.
El crimen fue perpetrado en una zona cercana al barrio Llano Verde, un sector vulnerable del oriente de Cali, y el hallazgo de los cuerpos sin vida se produjo por una alerta ciudadana a la Policía.
Otra masacre brutal fue cometida en la madrugada del domingo 16 de agosto en el municipio de Samaniego (Nariño), 262 kilómetros al suroeste de Cali, donde ocho personas fueron asesinadas a bala.
48 horas después, es decir este martes 18 de agosto, fueron masacrados tres miembros de la comunidad indígena Awa del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, en el sector El Aguacate, una población muy distante del casco urbano, del municipio de Ricaurte.
Las autoridades no tienen pistas sobre estos casos y solo atinan a afirmar que se trata de eventos criminales aparentemente causados por el narcotráfico.
NUESTRA OPINION
La fácil, pero al mismo tiempo perversa sugerencia de los voceros del gobierno y de los organismos de seguridad, que lanzan las peregrinas hipótesis de que esos crímenes masivos siempre tienen como telón de fondo o causa probable el narcotráfico o «un ajuste de cuentas», se ha convertido a lo largo de la historia en las frases de cajón que anteceden a la más oscura e impenetrable impunidad.
Eso demuestra además la ineficacia e impotencia de los organismos de inteligencia e investigación del Estado que a lo largo de los años han acumulado expedientes sin resolver, mientras en los medios informativos tradicionales el show informativo alrededor de los procesos que involucran a los altos funcionarios de la nación merecen páginas enteras e interminables minutos, en muchos casos haciendo señalamientos contra la justicia.